Quiero denunciar la silenciosa privatización de los servicios públicos que, de facto, viene realizando el PP, con poca o ninguna oposición del PSOE y bastante silencio de los sindicatos. No me refiero a casos como el HUBU (Hospital de Burgos cuya construcción se ha financiado a cambio de privatizar los servicios auxiliares no sanitarios a la empresa constructora) y otros similares. Tampoco me refiero a la administración paralela que han creado los partidos (fundaciones públicas, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles de titularidad pública, consorcios autonómicos…) para evitar el control público de los fondos y favorecer el enchufismo; ambas cosas, por otro lado, muy graves.
No. Es algo más sutil e inadvertido al ciudadano medio. Se trata de que en muchos Servicios no se han convocado oposiciones para reponer las lógicas jubilaciones o salidas de personal. Y esto es muy anterior al decretazo de Rajoy que obligaba a una tasa de reposición del 10%. Desde mucho antes las vacantes se han ido rellenando con interinos.
Soy personal laboral. En el caso que conozco, vivo y sufro, son seleccionados en un proceso opaco que favorece el enchufismo, al no existir oposiciones transparentes bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad. Había una bolsa de candidatos surgida de las últimas oposiciones (hace 15 años), pero se suprimió para dar paso a este nuevo sistema en el que los candidatos, unos pocos “elegidos” (no se sabe con qué criterios), son llamados por el Ecyl (antiguo Inem) y tienen que superar unas pruebas “sin luz ni taquígrafo” cuya evaluación recae en los jefes del Servicio. Si no hay enchufismo, tiene al menos todos los visos.
Esos puestos en interinidad se perpetúan en el tiempo, de modo que se convierten en una bicoca para cualquiera que los consiga, ya que, a efectos prácticos, es como si hubiera aprobado una oposición sin haberlo hecho... siempre que el afortunado no diga nada de lo que se entere sobre corruptelas y demás.
Si no todos los interinos lo fueran gracias a un enchufe, sí que todos quedan marcados por la sombra de la sospecha.
En los años que llevo en la Administración, algunos interinos ya se han jubilado y otros lo están haciendo bajo el sistema de contrato relevo.
Pero convertir la interinidad en trabajo cuasi-vitalicio perjudica a todos: a los propios trabajadores, tanto interinos como fijos, al funcionamiento de la Administración y, de rebote, a los ciudadanos que interactúan con la Administración y pagan sus impuestos.
A la Administración, porque no se ha hecho una oposición limpia que garantice el acceso a los más competentes. Además, esa persona interina está en una situación precaria y no va a oponerse a ninguna orden de la autoridad que le aupó al puesto, aunque vaya contra la ley, y va a callar las irregularidades de las que pueda tener conocimiento. El resultado es la corrupción galopante que tenemos a todos los niveles de la Administración, donde todas las cosas se hacen con apariencia de legalidad, pero muchas veces sin respeto real a las leyes o a su espíritu.
Las leyes penales no están preparadas para afrontar este embate de la clase política contra la Administración. Existen leyes para los funcionarios, pero muy pocas para la clase política que da las órdenes ilegales y que, finalmente, se va de rositas, al no existir para ellos más que la “responsabilidad política”, y no, muchas veces, la penal. Por eso los españoles no se explican el escaso número de políticos que van realmente a la cárcel, a pesar de lo escandaloso de los casos. Y es que ellos hacen las leyes.
Para el empleado interino, el perjuicio está en lo precario del puesto de trabajo. Recientemente ha salido la noticia de un conductor de autobús que ha sido despedido por razones médicas, al ser personal interino. Por noticias como esta y razones que se intuyen, estos empleados no van a reclamar sus derechos laborales, que van siendo progresivamente recortados. Otra ventaja para los políticos, que tienen las manos libres para seguir recortando sin apenas oposición de este personal.
Los demás, los que han aprobado una oposición, ven cómo pierden representatividad y fuerza ante la clase política y en los propios sindicatos, que prefieren templar gaitas para no perder el favor de los interinos, ya que se dan cuenta de que cada vez son un colectivo más numeroso y apetecible de afiliar. Por tanto, no van a pedir oposiciones que eventualmente podrían dejar en la calle -y enfadados- a numerosos interinos.
Siempre he defendido la necesidad de seguridad en el puesto del empleado público como garantía de una Administración que realiza sus funciones de servicio, pero también control, no sólo a la ciudadanía, sino especialmente a la clase política, de forma independiente. Sin embargo, con la situación actual, estamos abocados a la época aquella del “Usted no sabe con quién está hablando” y tenemos la puerta abierta a todo tipo de arbitrariedades, por no decir delitos. Y a ver quién es el interino que denuncia…
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